Queremos empresas que muestren un compromiso real con los derechos y la dignidad de las personas, y que comprendan que no sólo el cambiar un nombre o envoltorio, por los pulsos de la opinión pública, es suficiente para que olvidemos que hay un bien superior, que es el bien común.

En los últimos días nadie ha quedado ajeno ni ajena al gran revuelo mediático – casi al nivel de discusión nacional – la decisión de la empresa Nestlé de cambiar el nombre de la reconocida golosina “Negrita”, que por más de 60 años ha estado en circulación en el mercado nacional, por el nombre de “Chokita”.

¿El motivo? Según trasciende de la propia empresa se debe fundamentalmente a dar señas de “respeto” y “no discriminación”. En sus palabras, “esta decisión es el resultado de una evaluación impulsada por la compañía que busca identificar conceptos que pudieran considerarse inapropiados, a la luz de la mayor conciencia sobre las marcas y su lenguaje visual respecto del uso de estereotipos o representaciones culturales”.

La decisión no ha estado exenta de discusiones. Desde los esperados y entretenidos “memes”, que han inundado las redes sociales, hasta comentarios y reflexiones más profundas que han levantado ciertos sectores de la sociedad, que en algunos casos aplauden dicha medida y anuncian que el cambio de los paradigmas en cada vez más real; como también otros creen que es una medida absurda, que es una ideologización extrema y que sólo responde a una mala comprensión de la sociedad de derechos.

La verdad que entrar a ahondar unos u otros comentarios sería sólo quedarnos en el análisis de una acción comercial, netamente enfocada al marketing; pero no sería comenzar a conversar respecto a , ¿es Nestlé, u otras empresas, realmente promotora de los derechos de las colectividades?

Si hacemos una revisión rápida en distintos portales de noticias del mundo, nos podemos percatar que la empresa Nestlé hace noticia, pero no siempre por este tipo de comunicados o acciones concretas en pos del respeto y no discriminación. Así, en la prensa peruana, se relata que esta multinacional es sancionada por más de cuatro mil millones de soles (más de US$1 millón), el año 2019, por cometer actos de engaño en su publicidad; o medios internacionales como la BBC publican acusaciones contra la empresa por incurrir en malas prácticas en la compra de cacao, principalmente por no llevar a cabo controles mínimos en su cadena de suministro, existiendo incluso indicios de haber trabajo infantil u otro tipo de abusos en quienes los proveen de este insumo.

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Ahora bien, si nos vamos a un plano más local, también podemos hacer una revisión rápida de nuestra prensa. Así, el año 2017, la SEREMI de Salud de la región Metropolitana determinó que la empresa Nestlé quebrantó la prohibición de publicitar alimentos no saludables a menores de 14 años; o el trascendido de que empresas como Nestlé podrán celebrar contratos con el Estado de Chile pese a ser sancionada por prácticas antisindicales.

Podríamos seguir en este ejercicio investigativo y demostrar que Nestlé es una empresa que ha mostrado varios problemas en cumplir las normativas chilenas que la regulan, pero la reflexión que quiero dejar va más allá.

Esta empresa, y cualquier otra, no aporta nada con su reflexión y acciones de “respeto y no discriminación” si no es capaz de respetar los principios básicos de la convivencia democrática y del mercado, como lo es el respeto a los derechos e intereses de los consumidores y consumidoras; ¿de qué sirve que cambie un nombre, si por otro lado no respeta una normativa de salud pública como los etiquetados; o un derecho humano tan importante como el de los trabajadores y trabajadoras a sindicalizarse?

Queremos empresas que muestren un compromiso real con los derechos y la dignidad de las personas, y que comprendan que no sólo el cambiar un nombre o envoltorio, por los pulsos de la opinión pública, es suficiente para que olvidemos que hay un bien superior, que es el bien común, que se debe respetar para la convivencia pacífica de la sociedad.