NUEVA CONSTITUCIÓN: La deuda pendiente con los consumidores.

La incorporación de la noción de “derecho del consumidor” como un derecho fundamental permitirá integrar entre los pilares que estructurarán este nuevo país conceptos que se derivan del mismo, y que son enormemente trascendentes para el bienestar social, como lo es la seguridad en el consumo mediante la protección de nuestra salud y del medio ambiente, la no discriminación arbitraria por parte de proveedores al vender productos o prestar servicios, o la reparación del daño material o moral cuando se ha vulnerado nuestra dignidad.

Indudablemente, uno de los hitos que marcará el rumbo de nuestro país es la creación de una nueva Constitución, cuyo antecedente directo es el descontento de millones de personas, expresado en un histórico 18 de octubre en las calles de todo el territorio nacional, y que posteriormente se plasmó en el plebiscito, marcado por exorbitantes niveles de participación y el gran triunfo del “Apruebo” y de la “Convención Constitucional”. Esto da cuenta de la esperanza que la ciudadanía ha puesto en esa vía como un medio de cambio estructural, ilusionados con obtener mejores condiciones de vida para todas y todos.

Así, hoy tenemos la oportunidad de discutir los pilares que forman nuestra democracia, entre los cuales ineludiblemente deberán decidirse las bases del régimen económico, es decir, las nuevas reglas que regirán las actividades de producción e intercambio de bienes y servicios.

Si miramos la Constitución actual, veremos que garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 número 21), así como la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes (art. 19 número 23), y la protección del derecho que tiene el dueño respecto de los mismos (art. 19 número 24). Es decir, se regula la esfera mercantil de consumo, estableciendo reglas que garantizan la libertad del intercambio en bienes y servicios, pero no se establece una protección a los derechos de los consumidores, olvidando que en el escenario que llamamos mercado, los actores – proveedor y consumidor- se encuentran en un plano absolutamente desigual, y que la protección de estos últimos es indispensable para que el modelo económico sea sano, seguro y respetuoso de los derechos de la población.

Así mismo, sólo con un modelo económico respetuoso de los derechos de los consumidores, se construirá un modelo social justo, equitativo y sostenible.
¿Realmente es tan relevante este tema? Así es.

Y para apreciar su verdadero alcance debemos recordar que cuando hablamos de los derechos de los consumidores, nos referimos a la protección de las personas en el contexto en que realizan, para satisfacer sus necesidades, el acto de consumir. Esto implica poner al ser humano como centro de la discusión, y reconocer que los consumidores somos en primer término “personas”, es decir, sujetos portadores de derechos que nos son inherentes y que indudablemente debemos proteger (también) en el plano económico.

La incorporación de la noción de “derecho del consumidor” como un derecho fundamental – tal como ya se ha realizado en numerosas constituciones extranjeras- permitirá integrar entre los pilares que estructurarán este nuevo país conceptos que se derivan del mismo, y que son enormemente trascendentes para el bienestar social, como lo es la seguridad en el consumo mediante la protección de nuestra salud y del medio ambiente, la no discriminación arbitraria por parte de proveedores al vender productos o prestar servicios, o la reparación del daño material o moral cuando se ha vulnerado nuestra dignidad.

Como se puede observar, el concepto de “protección al consumidor” excede con creces lo que es la “protección del consumo”, es decir, del acto de producción y posterior intercambio de bienes, cuya libertad el Estado debe garantizar; pero que en la práctica, sin la protección adecuada de los ciudadanos, en una norma del mismo rango y relevancia que las disposiciones mencionadas, permite situaciones de abuso que como consumidores no deberíamos soportar, pero que de hecho hemos podido observar este último tiempo: colusiones de grandes empresas para pactar precios en bienes indispensables para el diario vivir, venta de productos que causan un daño a la integridad física de quienes los utilizan, contrataciones sin el consentimiento informado del consumidor o situaciones en las cuales se cambian unilateralmente los términos contratados, entre muchas otras.

Por este motivo, si no se realiza este cambio de paradigma, seguiremos observando como las Asociaciones de Consumidores no cuentan con recursos y medios suficientes para proteger adecuadamente a las personas, y que lo propio ocurre con el SERNAC, el cual ha sido popularmente tildado como un “león sin dientes”, por esta misma razón.

En ese sentido, si nos vamos a sentar a conversar respecto de las bases que debe tener nuestra economía, con el mandato claro de solucionar los problemas expuestos por los ciudadanos en diversas instancias, es realmente imprescindible que los consumidores sean considerados en un plano Constitucional. Para que este texto pueda, con propiedad, ser llamado “pacto social”, es necesario apuntar a que disminuya las desigualdades representando adecuadamente los intereses de todos, y recordemos que todas y todos somos consumidores.

Fabiola Inostroza
Directora Área Legal y Ciudadana