El negocio de los servicios básicos domiciliarios: ¿Cualquiera puede comprar nuestros servicios esenciales para vivir?

Columna de Opinión de nuestro director ejecutivo Pablo Rodríguez.

Para nadie es novedad que en Chile las empresas que proveen los servicios básicos domiciliarios, entendiendo como tales el agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, telefonía, gas, entre otros, son de naturaleza y capital privado, sin ningún tipo de intervención estatal más allá de regular sus tarifas o fiscalizar que entreguen un buen servicio al usuario final (sólo en algunos casos).

La historia no siempre fue así. Antes del año 1973, gran parte de las empresas que proveían estos servicios eran de propiedad estatal y, por lo mismo, el Estado se ocupaba de garantizar un mínimo de consumo a toda la población sobre dichos servicios. Sin embargo, la consecuente instauración del sistema económico neoliberal en nuestro país, y la privatización de las empresas del Estado, trasladó la propiedad, en un comienzo, a manos de particulares nacionales que quisieron asumir la labor de darle un nuevo comienzo a la “nueva economía chilena”.

Los servicios básicos domiciliarios fueron de los primeros servicios que se privatizaron. Se comenzó con la luz y las telecomunicaciones durante la década de los 70; y luego se continuó con el agua a fines de los años 80.

Posteriormente, con el retorno a la democracia, se profundizó la agenda privatizadora, pero más aún, se comenzó a explorar la inversión extranjera dentro de este espacio. Así, capitales extranjeros como españoles, italianos, ingleses, norteamericanos, canadienses, entre otros, comenzaron a comprar participaciones en nuestras empresas nacionales, llegando a lograr el control total de aquellas.

De este modo, en el mercado de los servicios básicos domiciliarios, entraron a controlar las empresas prestadoras de dichos servicios empresas como Enersis S.A (Actual Enel Chile S.A); Naturgy (CGE); Telefónica S.A; Aguas Andinas; Thames Water (ex ESSBIO y ESSEL); Ontario Teacher’s Pension Plan Board (actual ESSBIO); Iberdrola (ex ESSAL); etc.

El pasado viernes 13 de noviembre, se publicaban en diversos portales de noticias digitales[1] que la “gigante china”, la estatal china State Grid, acordó la compra de la Compañía General de Electricidad S.A (CGE) por una cifra cercana a US$3.000 millones de dólares, cerrando así la mayor operación realizada en Chile durante el año 2020.

Vale la pena señalar que CGE es la mayor operadora de distribución de electricidad en Chile, presente en 14 regiones, llegando al 45% de los hogares en nuestro país.

Lo anterior debe llevarnos necesariamente a la siguiente pregunta: ¿qué tan libre es comerciar con nuestros servicios básicos domiciliarios en Chile? ¿Debe el Estado guardar silencio frente a una operación así, la cual involucra al 45% de los hogares en Chile? ¿Compromete el bien común transacciones de este tipo y de tal magnitud?

Si me preguntan, posiblemente no tengo una respuesta única. Sin embargo, sí creo pertinente que nos preguntemos cuál debe ser la actitud del Estado frente a este tipo de transacciones, donde no es cualquier producto o servicio el que se está transando, sino que es el suministro de electricidad de alrededor del 45% de los hogares chilenos, y que de alguna u otra manera compromete el bien común de millones de personas en el país.

No creo que la respuesta sea volver al control absoluto del Estado en estos mercados; como tampoco creo que lo sea expropiar a quienes hoy tienen la propiedad de dichas empresas. No obstante lo anterior, en lo que creo que se debe avanzar es en qué tanta regulación ejerce el Estado dentro de este mercado regulado, para así garantizar continuidad del servicio; calidad del mismo; y sobre todo, protección de los derechos e intereses de los usuarios y usuarias.

De este modo, lo que sí creo que se debe plantear como discusión es respecto a las participaciones societarias que podría tener el Estado dentro de aquellas empresas de primera necesidad, no como una forma de control o planificación de su ejercicio mercantil o en la fijación de precios, sino más bien porque no se puede entender que en áreas como el agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, gas o telecomunicaciones no exista una participación estatal que pueda aportar a construir un mercado mucho más justo, que no privilegie sólo la generación de riqueza a costa de dichos servicios, sino más bien que tenga como foco el suministro básico que permita una calidad de vida óptima a todas las personas de nuestro país.

Pablo Rodríguez Arias
Director Ejecutivo
Asociación de Consumidores FOJUCC
#ElConsumidorALaConstitucion


[1] Noticia Portal web Biobío Chile. Link: https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2020/11/13/gigante-electrica-china-state-grid-acuerda-la-compra-de-cge-la-mayor-distribuidora-de-chile.shtml

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