Democracia, mercado y consumidores y consumidoras: las tarifas que no escuchan a la gente

Hemos sido testigos, pero también partícipes, de un momento de la historia de Chile que remece a todos los sectores de la población y que nos lleva a reflexionar y tomar decisiones respecto a qué sociedad queremos construir. Lo sucedido es un hecho interesante de comentar, no sólo porque ha evidenciado las carencias y abusos de un modelo económico que no tiene como eje la dignidad humana, sino porque abre varias grietas en este modelo. De una de ellas, como asociación de consumidores y consumidoras, nos hacemos cargo y queremos aportar una mirada sobre el asunto.

Sin querer minimizar el debate, porque creemos que este es más amplio del que podemos exponer, sí queremos focalizar y desarrollar, como ejemplo de nuestro planteamiento, uno de los temas detonantes que hubo en este malestar general: el alza del pasaje del metro de Santiago y la forma en la que se tomó la decisión.

Actualmente, en Chile, las diferentes tarifas, fundamentalmente la de los servicios básicos para la población, son establecidas por distintos mecanismos regulados por ley: paneles de expertos y procesos de fijación tarifaria. Es acá donde debemos detenernos y preguntarnos cuánta realidad y participación existen en estos mecanismos.

De modo enunciativo, podemos decir sobre el panel de expertos del transporte público de pasajeros que su composición y funcionamiento están fijados por los Decretos Supremos N°129 de 2009 y N°40 de 2010, respectivamente. En una simple lectura, vemos que es un organismo colegiado (tres personas), técnico, que no contempla o permite participación de la sociedad civil y que en su proceso de fijación de la tarifa definitivamente no hay una contraparte ciudadana que pueda entregar alguna opinión o propuesta técnica al respecto. Se entendería que el Estado, a través del poder ejecutivo, debería cumplir este rol, pero en los días que han pasado nos han dejado bastante claro que el Ministerio del ramo (Transporte y Telecomunicaciones) no tiene injerencia alguna en su definición, y que sólo acata lo que este panel propone y decide.

Sobre los procesos de fijación tarifaria que se contemplan en nuestra legislación, refiriéndonos fundamentalmente a los mercados de las telecomunicaciones, eléctrico y sanitario, existe una regulación meticulosa a las etapas que este contempla y quiénes y cómo se debe participar, contenidos en diferentes normativas. Sobre la participación dentro de dichos procesos, la Ley N°19.496, que establece normas de protección sobre los derechos de los consumidores, es unívoca al establecer en su artículo 8° letra f) que las asociaciones de consumidores “podrán participar en los procesos de fijación tarifaria de los servicios básicos domiciliarios […]”. El asunto es ¿cómo pueden participar? El excesivo costo que un estudio técnico puede significar para levantar una propuesta tarifaria (alrededor de $500 millones de pesos), y la realidad y precariedad en la que funcionan grande parte de estas asociaciones, vuelve infértil dicha atribución, relegándola sólo a una declaración de principios en la ley, sin ningún asidero en la realidad.

Sobre lo dicho anteriormente, respecto a la escasa o nula participación ciudadana que existe en los procesos de fijación de tarifas, que son soportadas por personas que ni siquiera tuvieron una voz en su discusión, más que profundizar en sus particularidades, sólo lo expusimos a modo de ejemplo para centrarnos en su fondo: ¿cuál es el foco real de todo modelo económico?, ¿el bienestar y dignidad humana o la maximización de las riquezas a cualquier costo?, ¿existe algún punto intermedio?

Lo anterior nos lleva indiscutiblemente a levantar una gran reflexión y conversación sobre qué modelo económico queremos, qué participación tenemos los ciudadanos y ciudadanas en la economía, y cómo son resguardados nuestros derechos humanos dentro de este espacio que, sin importar su organización, es el garante de la satisfacción de nuestras necesidades.

Como Asociación de Consumidores asumimos, desde hace casi 17 años, pero hoy con más fuerza que nunca, el desafío de levantar una voz en la economía desde la sociedad civil, de posicionar a la persona como el eje central en el diseño de toda política pública y modelo económico y de representar todas aquellas demandas y necesidades urgentes en la economía que se deban discutir y regular. Pero sobre todo, de insertar dentro de la discusión  sobre un nuevo pacto social la participación que como ciudadanos y ciudadanas debemos tener en la economía, dentro de un nuevo consenso democrático que dignifique de una vez por todas a la sociedad civil y dándonos la importancia que tenemos en los diferentes mercados no sólo como destinatarios de bienes y servicios, sino también como participantes de todos aquellos procesos y decisiones que puedan implicar un impacto en nuestra calidad de vida.

Pablo Rodríguez Arias

Director Ejecutivo Asociación de Consumidores y Consumidoras FOJUCC

presidencia@fojucc.cl

+56 9 62372693


Demanda colectiva contra Zurich – Santander

Fojucc se hace parte de la demanda colectiva impulsada por SERNAC contra la compañía de seguros de salud Zurich – Santander, que puso término de forma unilateral a mas de 18 mil pólizas de personas afiliadas.

Qué pasó

Se vendía como el producto perfecto, único en nuestro país. Un seguro de salud que te permitiría contratarlo incluso con 70 años de edad y con una cobertura de hasta los 99 años de edad. Si, increíble.

Reembolso del 100% de los medicamentos, sin deducible, bajo ciertas condiciones. Todo lo anterior llamó la atención de muchas personas, más de 18 mil, que lo contrataron.

Pero tantas regalías no podían ser buenas para la compañía. ya que probablemente la afectaría financieramente.
Es por eso, que en julio del año 2016, sin más, pusieron término unilateral a las mas de 18 mil pólizas, por medio de cartas, que se justificaban en una clausula de renovación anual del seguro. Este dejaría de existir y en su reemplazo actuaría una propuesta alternativa.
Con eso, se desvinculaba de todos los contratos de una sola vez.

La demanda

SERNAC decidió demandar, luego del fracaso en las negociaciones que se llevaron a cabo. Estas no eran suficientes para compensar todo el daño que se causó a los consumidores y por los que la firma no respondió.

Tras todo lo anterior es que FOJUCC presentó su escrito, para hacerse parte de la causa, como tercero coadyuvante de SERNAC, donde este 15 de octubre, el tribunal los tuvo por parte en la causa.

Ahora, se espera lograr definitivamente una compensación para los clientes a los que se vulneró totalmente sus derechos como consumidores.


FIDEF Talks: «Hablemos de Educación Financiera»

El evento del año

Ya queda poco para la Feria Interactiva de Educación Financiera FIDEF Talks, organizada por FOJUCC, a la que asistirán expertos en temas financieros a exponer sus conocimientos, en un espacio de crítica y reflexión .

Los asistentes observarán desde una mesa redonda en la que dialogarán con los demás participantes los temas tratados, mientras disfrutan de un cálido café y buena compañía.

Pronto confirmaremos los invitados, atent@s!

El evento se realizará el viernes 25 de octubre a las 09:30 hrs en el hall del edificio Centro Plaza Costanera, ubicado en Avenida Arturo Prat #199, Concepción. Escríbenos a contacto@fojucc.cl para guardar tu cupo.


No es juego elegir juguetes

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Segmento Matinal Nuestra Casa: Campaña «No es juego elegir juguetes»

No es un juego elegir juguetes

Junto a Pablo Rodríguez, director ejecutivo de FOJUCC, hablamos sobre la campaña "No es un juego elegir juguetes". La seguridad en el consumo, ya sea etiquetado, compuestos y precauciones de cada producto son un tema vinculado con la Ley del Consumidor y que muchos desconocen. Por esta razón debemos informarnos antes de realizar nuestras compras navideñas.

Posted by Nuestra Casa on Wednesday, December 14, 2016

VIDEO CAMPAÑA


Fojucc sostiene reunión con asesores de Pamela Jiles

Casi  3 horas de reunión sostuvo nuestro director ejecutivo con diversos representantes del mundo legislativo y judicial, con el fin de gestionar futuros proyectos. 

La reunión juntó a  Pablo Maltés y David Aguilera, miembros del equipo político de  la diputada Pamela Jiles. En el encuentro se trataron temas relacionados con la demanda del “caso pollos” y diversas líneas de acción relacionadas con la asociatividad y futuros proyectos de ley. Además, se comprometió un apoyo conjunto sobre un proyecto de escuelas populares y la realización de una feria de educación financiera donde participará la diputada. 

Posteriormente se sostuvo otra reunión con las asociaciones de consumidores, a raíz de la resolución del Ministerio de Economía, de exigir normas contables arbitrarias, requisito que no es excluyente para la empresa privada. Esta se llevó a cabo en el edificio del Sernac, ubicado en pleno barrio cívico de la capital.


DEMANDA JUDICIAL: CONADECUS y FOJUCC demandan por «caso pollos»

Este lunes 10 de junio, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, junto a Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores, FOJUCC, con el patrocinio del abogado y abogada de FOJUCC, Oscar Labarca y Maryory Paredes; y los abogados de CONADECUS, Cristián Reyes (Estudio Bravo) y Jimena Orrego (Estudio Juan Agustín Figueroa), presentaron una “demanda de indemnización de perjuicio” en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas que se “coludieron en el precio de los pollos”.

Pablo Rodríguez Arias, director ejecutivo de FOJUCC señaló: «esta demanda constituye un hito en la protección de los consumidores y consumidoras, porque pondremos en movimiento por primera vez un engranaje que dará ejemplo que cuando empresas atentan contra la libre competencia, no sólo deben reparar el daño a través de una multa, sino además reparar a todas los consumidores y consumidoras que se vieron afectados por estas conductas ilícitas».

Por su parte, Hernán Calderón presidente de Conadecus señaló: “es la primera demanda colectiva que se presenta con la nueva normativa ante el TDLC, en Conadecus y Fojucc buscamos que se indemnice a todos los consumidores afectados, que durante más de 10 años han pagado un sobreprecio en el precio de los pollos”.

Oscar Labarca, abogado y Jefe de Recursos de la Asociación de Consumidores Fojucc, precisa que «esta acción judicial busca obtener una reparación para todos los consumidores y consumidoras afectados, por más de diez años de actuación colusoria de las empresas avícolas, tanto en el control de la oferta, como en la fijación coordinada de precios en el mercado de carne de pollo; con su consecuente impacto en los bolsillos de los chilenos, al tratarse de un producto alimenticio tan básico y elemental en los hogares de nuestro país».

Cristián Reyes, abogado senior de Estudio Bravo, destaca que “este es el primer juicio en el que se demanda en el TDLC una indemnización de perjuicios en favor del interés colectivo de los consumidores, conforme a la más reciente modificación de la Ley del Consumidor. Por lo que esperamos que el Tribunal condene a las empresas a compensar a todos los habitantes de nuestro país, pues la carne de pollo es la más económica de todas y la más consumida por las personas”.

Según una estimación preliminar del daño directamente generado por los productores de pollo como consecuencia de su acuerdo colusorio, arroja un total aproximado de un total de US$ 799.431.494, correspondiendo a Agrosuper US$ 480.703.905, a Ariztía US$ 252.543.718, y a Don Pollo $ 66.183.871, conforme a sus participaciones de mercado.