Democracia, mercado y consumidores y consumidoras: las tarifas que no escuchan a la gente

Hemos sido testigos, pero también partícipes, de un momento de la historia de Chile que remece a todos los sectores de la población y que nos lleva a reflexionar y tomar decisiones respecto a qué sociedad queremos construir. Lo sucedido es un hecho interesante de comentar, no sólo porque ha evidenciado las carencias y abusos Continue reading

Hemos sido testigos, pero también partícipes, de un momento de la historia de Chile que remece a todos los sectores de la población y que nos lleva a reflexionar y tomar decisiones respecto a qué sociedad queremos construir. Lo sucedido es un hecho interesante de comentar, no sólo porque ha evidenciado las carencias y abusos de un modelo económico que no tiene como eje la dignidad humana, sino porque abre varias grietas en este modelo. De una de ellas, como asociación de consumidores y consumidoras, nos hacemos cargo y queremos aportar una mirada sobre el asunto.

Sin querer minimizar el debate, porque creemos que este es más amplio del que podemos exponer, sí queremos focalizar y desarrollar, como ejemplo de nuestro planteamiento, uno de los temas detonantes que hubo en este malestar general: el alza del pasaje del metro de Santiago y la forma en la que se tomó la decisión.

Actualmente, en Chile, las diferentes tarifas, fundamentalmente la de los servicios básicos para la población, son establecidas por distintos mecanismos regulados por ley: paneles de expertos y procesos de fijación tarifaria. Es acá donde debemos detenernos y preguntarnos cuánta realidad y participación existen en estos mecanismos.

De modo enunciativo, podemos decir sobre el panel de expertos del transporte público de pasajeros que su composición y funcionamiento están fijados por los Decretos Supremos N°129 de 2009 y N°40 de 2010, respectivamente. En una simple lectura, vemos que es un organismo colegiado (tres personas), técnico, que no contempla o permite participación de la sociedad civil y que en su proceso de fijación de la tarifa definitivamente no hay una contraparte ciudadana que pueda entregar alguna opinión o propuesta técnica al respecto. Se entendería que el Estado, a través del poder ejecutivo, debería cumplir este rol, pero en los días que han pasado nos han dejado bastante claro que el Ministerio del ramo (Transporte y Telecomunicaciones) no tiene injerencia alguna en su definición, y que sólo acata lo que este panel propone y decide.

Sobre los procesos de fijación tarifaria que se contemplan en nuestra legislación, refiriéndonos fundamentalmente a los mercados de las telecomunicaciones, eléctrico y sanitario, existe una regulación meticulosa a las etapas que este contempla y quiénes y cómo se debe participar, contenidos en diferentes normativas. Sobre la participación dentro de dichos procesos, la Ley N°19.496, que establece normas de protección sobre los derechos de los consumidores, es unívoca al establecer en su artículo 8° letra f) que las asociaciones de consumidores “podrán participar en los procesos de fijación tarifaria de los servicios básicos domiciliarios […]”. El asunto es ¿cómo pueden participar? El excesivo costo que un estudio técnico puede significar para levantar una propuesta tarifaria (alrededor de $500 millones de pesos), y la realidad y precariedad en la que funcionan grande parte de estas asociaciones, vuelve infértil dicha atribución, relegándola sólo a una declaración de principios en la ley, sin ningún asidero en la realidad.

Sobre lo dicho anteriormente, respecto a la escasa o nula participación ciudadana que existe en los procesos de fijación de tarifas, que son soportadas por personas que ni siquiera tuvieron una voz en su discusión, más que profundizar en sus particularidades, sólo lo expusimos a modo de ejemplo para centrarnos en su fondo: ¿cuál es el foco real de todo modelo económico?, ¿el bienestar y dignidad humana o la maximización de las riquezas a cualquier costo?, ¿existe algún punto intermedio?

Lo anterior nos lleva indiscutiblemente a levantar una gran reflexión y conversación sobre qué modelo económico queremos, qué participación tenemos los ciudadanos y ciudadanas en la economía, y cómo son resguardados nuestros derechos humanos dentro de este espacio que, sin importar su organización, es el garante de la satisfacción de nuestras necesidades.

Como Asociación de Consumidores asumimos, desde hace casi 17 años, pero hoy con más fuerza que nunca, el desafío de levantar una voz en la economía desde la sociedad civil, de posicionar a la persona como el eje central en el diseño de toda política pública y modelo económico y de representar todas aquellas demandas y necesidades urgentes en la economía que se deban discutir y regular. Pero sobre todo, de insertar dentro de la discusión  sobre un nuevo pacto social la participación que como ciudadanos y ciudadanas debemos tener en la economía, dentro de un nuevo consenso democrático que dignifique de una vez por todas a la sociedad civil y dándonos la importancia que tenemos en los diferentes mercados no sólo como destinatarios de bienes y servicios, sino también como participantes de todos aquellos procesos y decisiones que puedan implicar un impacto en nuestra calidad de vida.

Pablo Rodríguez Arias

Director Ejecutivo Asociación de Consumidores y Consumidoras FOJUCC

presidencia@fojucc.cl

+56 9 62372693

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